El consejero delegado de Endesa, José Bogas, considera que es el momento de "discutir" una revisión del actual calendario de cierre para el parque nuclear en España.
En la rueda de prensa posterior a la presentación de resultados, Bogas ha señalado que "siempre desde Endesa hemos manifestado que estaba intelectualmente a favor de la nuclear. Las circunstancias de 2019 (cuando se firmó el protocolo de cierre) son muy distintas a las de hoy". En este sentido, se ha referido a un "cambio en la política nuclear en el mundo", donde ha señalado los casos de Bélgica o Italia.
Asimismo, el CEO de la energética ha asegurado que "estaría encantado de un Pacto de Estado" en esta materia de política energética entre todas las partes implicadas. "Y es lo que debería ser", declaró. "Nosotros no vamos a ser quienes digan que no y las cierren si son necesarias. Iremos adelante con ello, cuenten con nosotros" añadió.
Fiscalidad
Asimismo, Bogas ha vuelto a hacer referencia en varias ocasiones a la fiscalidad de las mismas, que considera que soportan "cargas fiscales muy elevadas" y ha apuntado que si se quitan estas cargas sería una de las tecnologías "más competitivas" que existen.
"Si tenemos que alargar la vida, tenemos que conseguir adecuar las cargas fiscales a ese alargamiento de las vidas", ha señalado el consejero delegado, que ha añadido que alargar la vida de las centrales nucleares no incrementa prácticamente los costes de desmantelamiento, ni de gestión de residuos, pero genera mas cargas fiscales.
Respecto a si este deseo de discutir el calendario de cierre previsto haya sido trasladado al Gobierno, el consejero delegado de Endesa indicó que se tienen "contactos regulares y fluidos" con el Ejecutivo, pero no se ha oficializado como tal.
"Ya somos mayores, es una política energética, estamos hablando de un problema de todos y nos sentimos corresponsables de la competitividad y seguridad de suministro del país. Pero más que pedirlo, vemos conveniente hablarlo, y en ese caso, dar las condiciones a esas centrales para que sean rentables", consideró.
Garantía de suministro
Sobre la cuestión de la garantía de suministro, Bogas ha puntualizado que este está garantizado, siempre que se cumplan las condiciones incluidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), donde observan cierto "retraso" en algunas de las hipótesis relacionadas con el almacenamiento y las baterías, necesarias para "estabilizar" el sistema y que podría llevar a algún tipo de problema en 2030 o 2035 si se cierran las nucleares.
"Puede que haya un incremento de demanda mayor y el cierre de las nucleares pueda incidir de manera muy importante en la reducción de las emisiones, con un incremento de la generación con gas natural; y en la seguridad de suministro. Todo ello crea una serie de incertidumbres", añadió, destacando que en el caso de las nucleares en Cataluña habría una posibilidad de alerta mayor, ya que no se están alcanzando en su caso los objetivos de penetración renovable ni de infraestructura previstos.
Carta al Gobierno
De hecho, las compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares españolas van a enviar estos días una carta —cada una por su parte— al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para solicitar una reunión con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.
El objetivo no es otro que tratar de conseguir renegociar el protocolo de cierre de las centrales nucleares y frenar, de alguna manera, el apagón que se iniciará en 2027 con la planta de Almaraz.
De esta manera, las eléctricas recogen el guante lanzado por la vicepresidenta Aagesen que en varias ocasiones ha asegurado que las compañías propietarias de las centrales no les han pedido absolutamente nada sobre el cierre de las centrales nucleares y dejan la pelota sobre el tejado del Ministerio de Transición Ecológica, que tendrá que tomar una decisión al respecto y sentarse o no con las compañías eléctricas para volver a tratar este espinoso asunto.
El calendario actual prevé que el cierre nuclear se realice de forma escalonada entre 2027 y 2035, unos plazos que fueron acordados por Enresa y las empresas propietarias en 2019, según ha venido alegando la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en todas sus intervenciones.
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