El Congreso de los Diputados evaluará la próxima semana la renovación parcial del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un mandato de seis años que el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear en España tiene que actualizar y que en esta ocasión es crucial por la cercanía del inicio del cierre de los reactores operativos a partir de 2027.
Dados los plazos fijados para actualizar la cúpula del organismo según el calendario establecido, el Ejecutivo ha lanzado la renovación de tres miembros del pleno del CSN y el nombramiento de una cuarta consejera, tras aprobarse la propuesta en Consejo de Ministros para su presentación al Congreso.
El Gobierno ha propuesto al ingeniero Juan Carlos Lentijo, actual presidente del CSN, para que continúe como presidente del organismo. Entre los consejeros cuyo mandato está a punto de finalizar pendientes de continuidad se encuentran Pilar Lucio designada en 2019 a propuesta del PSOE, y Paco Castejón, en 2019 por Podemos.
Se incluye además la propuesta de nombramiento a petición del PSOE de Silvia Calzón, actual directora del Departamento de Atención a la Ciudadanía del Gabinete de Presidencia del Gobierno, en sustitución de la consejera Elvira Romera también propuesta, en su momento, por el PSOE.
El único consejero con mandato vigente hasta 2028 es Javier Dies que a instancias del PP fue elegido en 2022.
El CSN y el cierre nuclear
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge el cierre escalonado entre 2027 y 2035 de los reactores en operación, comenzando por Almaraz (entre noviembre de 2027 y octubre de 2028) para finalizar con Trillo en 2035.
A día de hoy, España tiene en funcionamiento cinco centrales: Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia), Vandellós (Tarragona) y Trillo (Guadalajara)-, de las cuales Almaraz y Ascó disponen de 2 reactores cada una.
La propuesta para nombrar al presidente y a los vocales del CSN debe pasar por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, que es la que propone los nombres al Gobierno y que debe lograr un respaldo de las 3/5 partes.
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