El sector eólico ha gastado la última bala de su cartucho para tratar de frenar el avance de la nueva ley renovable en Galicia. Los promotores llevan meses reivindicando y alertando de un posible freno a la inversión y un impacto negativo en el mercado energético.
Tras las diferentes cartas remitidas por parte de la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica, Rocío Sicre, a altos cargos del Gobierno central, tal y como adelantó el diario El Mundo, instando a la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2024, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia, la cual incluye en su apartado número dos una modificación de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por la que "se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. Así, además de otras modificaciones puntuales, se actualiza la regulación del Plan sectorial eólico de Galicia, como instrumento de ordenación del territorio (...)".
En este mismo momento en el que se daba a conocer la publicación de la norma en el BOE, el sector se encontraba hecho una piña en una jornada organizada por la Asociación Empresarial Eólica (AEE), donde se pedía "acelerar la instalación de nueva capacidad sin comprometer la sostenibilidad financiera, la competitividad y la garantía ambiental".
Y es que, en el caso de la comunidad autónoma de Galicia, se necesita incrementar la potencia eólica instalada actual —algo más de 3.900 MW repartidos en 190 parques— para acercarse al objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el horizonte de 2040. Sin embargo, un total de 98 parques eólicos que ya han sido autorizados por el Gobierno y que representan una potencia de 2.555 MW están afectados por recursos legales.
En la actualidad, la potencia eólica instalada en España cuenta con más de 32 GW, después de que tanto en 2023 como en 2024 se haya instalado a un ritmo por debajo de 1 GW, cuando el sector estimó que se debería haber instalado más de 3 GW al año para cumplir con los objetivos establecidos en el PNIEC.
Repotenciación
Uno de los aspectos más polémicos es la obligatoriedad de repotenciar los parques eólicos con aerogeneradores de más de 25 años de antigüedad. Esta medida, que afectará a unos 3.000 molinos, busca reducir el impacto visual y mejorar la eficiencia energética, pero ha sido duramente cuestionada por los promotores, quienes aseguran que muchos aerogeneradores siguen operando en óptimas condiciones y su sustitución forzosa supone una barrera para nuevas inversiones.
Otra disposición que ha generado tensión es la obligación de que los nuevos parques vendan al menos el 50% de su energía a empresas locales. La Xunta argumenta que esta medida busca garantizar un suministro eléctrico estable y accesible para las industrias gallegas. Sin embargo, las principales patronales eléctricas, como Aelec, AEE y Appa, consideran que esta normativa distorsiona el mercado y atenta contra la libre competencia.
Asimismo, WindEurope, la patronal eólica europea, advirtió que la normativa podría desencadenar disputas legales internacionales al contravenir principios del derecho europeo.
Fiscalidad
En el ámbito fiscal, la normativa modifica el canon eólico, ajustando su base imponible y el tipo de gravamen para adaptarse a los nuevos modelos de parques con menos aerogeneradores, pero de mayor tamaño. Esta medida pretende preservar el medio ambiente y distribuir los beneficios de manera más equitativa.
Por otro lado, los promotores podrán solicitar la adaptación de sus parques a la Ley de Promoción de los Beneficios Sociales y Económicos de los proyectos que utilizan recursos naturales en Galicia. Esta iniciativa busca garantizar que las comunidades locales obtengan un mayor retorno económico por la explotación eólica.
Además, la ley establece la creación de zonas de aceleración renovable eólica, donde el impacto ambiental sería menor y la tramitación de proyectos sería más rápida.
CArlos
07/02/2025