La proposición de ley sobre la 'tasa Enresa' sigue su tramitación en el Congreso

La proposición de ley de Vox para su remisión a la Mesa del Congreso de los Diputados, de modificación de la disposición adicional sexta de la Ley del Sector Eléctrico, relativa a la 'tasa Enresa', continuará su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad de PSOE y Unidas.

La propuesta considera que esa tasa, que abonan las eléctricas titulares de las centrales nucleares para financiar la gestión y almacenamiento de los residuos, debe reducirse, pues el aumento progresivo de la misma conducen a la inviabilidad económica de las mismas.

En su defensa, Vox ha expuesto que la disposición adicional sexta de la citada ley ha llevado a elevar un 30% la tasa Enresa, por lo que centrales nucleares, como la de Almaraz, "dejan de ser viables económicamente y se ven avocadas a su cierre y desmantelamiento".

"El Gobierno utiliza la presión fiscal específica a esta industria para forzar su cierre", han criticado desde Vox, que considera "vital" reducir sustancialmente la carga fiscal del sector nuclear.

La tasa Enresa

Tanto PSOE como Unidas por Extremadura han elevado sendas enmiendas a la totalidad pidiendo la devolución del texto de Vox, si bien han sido rechazadas por los votos de esta formación y del PP.

A juicio de Unidas, "el supuesto aumento" de la carga tributaria producido desde 2019 es "una falacia a la que se aferra el lobby pronuclear ante la falta de argumentos sólidos".

Además, la reducción de la citada tasa para las empresa energéticas conllevaría que el coste de la gestión y almacenamiento de los residuos lo tendría que pagar el consumidor.

Para el PSOE, es "incierto" que la tasa fija unitaria que pagan las propietarias de las centrales nucleares suponga un freno para seguir produciendo electricidad a través de esta fuente ya que Iberdrola, una de las propietarias de la central de Almaraz, obtuvo unos beneficios, tras pagar dicha tasa, "de más de 5.600 millones de euros, lo que supone un incremento de un 17%".

"Con estos beneficios se antoja razonable la contribución de las empresas a la seguridad nuclear", han remarcado desde el PSOE.