Petróleo & Gas

Las distribuidores de butano ven clave para el suministro el nuevo sistema de revisión de precios

El BOE del jueves incluyó la orden ministerial que actualiza el sistema para calcular el precio máximo de la bombona de butano

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La Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (Fedglp) ha valorado la actualización del sistema de revisión de los precios del butano, al considerar que permite que las agencias distribuidoras puedan prestar este servicio "esencial" en unas condiciones "sostenibles".

Además, garantiza mantener "la calidad y el acceso a una fuente de energía para millones de consumidores, con especial atención a las zonas rurales y a los más vulnerables", subraya en su nota, en la que se refiere a la decisión adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica tras la movilización de este sector.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del jueves incluyó la orden ministerial que actualiza el sistema para calcular el precio máximo de la bombona de butano, actualmente limitado a una subida del 5%, para incluir en la revisión los costes de comercialización, lo que permitirá un incremento adicional de 20 céntimos por bimestre.

Las peticiones de las distribuidoras de butano

Para la Fedglp, este texto, que entrará en vigor el próximo 18 de marzo, reconoce la necesidad de actuar ante la "insuficiencia retributiva actual" de los cientos de empresas encargadas de la distribución de envases.

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Asimismo, prosigue, abre un nuevo escenario en busca de una solución definitiva al establecerse un marco de revisión por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de los costes de comercialización.

Desde su punto de vista, esto permitirá ajustes progresivos que reflejen la evolución de los factores económicos con los costes reales de la actividad, "asegurando la viabilidad del servicio a largo plazo".

"Todo ello permitirá que las agencias sigan haciendo el reparto de un producto básico a los ciudadanos", concluye la Federación, que seguirá trabajando con el Ministerio y los grandes operadores del sector para conseguir un marco regulador estable, que garantice un suministro "seguro, sostenible y equitativo".

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