Los instaladores solicitan al Gobierno la modificación de la Ley de Haciendas Locales

Para avanzar en los objetivos de descarbonización del parque edificado planteados por la Unión Europea y reducir la demanda de energía de los edificios, es fundamental renovar los equipos de calefacción de aproximadamente 270.000 hogares españoles al año hasta 2050.

Sin embargo, pese a lo ahorros que se pueden conseguir a través de los certificados (Plan Ahorra con CAEs) por la sustitución de sistemas ineficientes basados en combustibles fósiles por equipos que funcionen con energías renovables, o a través de otros planes de ayudas, todavía faltan incentivos efectivos y reales para los consumidores, creen desde Agremia, la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía.

Según el informe del sector de la calefacción correspondiente a 2024, elaborado por Fegeca, la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor, el mercado de las bombas de calor aerotérmicas ha sufrido una desaceleración importante en el último año, pasando su cifra de ventas por unidades multitarea (aerotermia + geotermia) de 68.000 a 59.000, un descenso del 13,4% con respecto a 2023.

Ante este escenario, Agremia ha solicitado al Ministerio de Hacienda, a través de una carta, una modificación del art. 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para que los Ayuntamientos puedan ampliar las bonificaciones fiscales para el IBI y otros impuestos asociados a la edificación.

La Ley de Haciendas Locales para los instaladores

En la actualidad, muchos consistorios, como el de Madrid, prevén en sus Ordenanzas Fiscales bonificaciones en el IBI o en el ICIO para la instalación de sistemas de aprovechamiento de la energía solar, pero no así para otras fuentes renovables.

“Desde Agremia entendemos que dichas bonificaciones deberían extenderse también a la sustitución de sistemas de generación de energía basados en combustibles fósiles por otros equipos más eficientes que funcionen con fuentes renovables (aerotermia, geotermia, gases renovables, etc.)”, demanda Emiliano Bernardo, presidente de Agremia.

“Desde los Ayuntamientos, a los que también nos hemos dirigido, nos indican que el cambio que solicitamos no es posible en tanto en cuanto no se modifique el citado Real Decreto Legislativo 2/2004, que solo contempla como bonificaciones de hasta el 50% del IBI las instalaciones de sistemas para el aprovechamiento de energía solar térmica o fotovoltaica o de puntos de recarga para vehículos eléctricos”, concreta Bernardo. “Lo mismo ocurre con las bonificaciones al ICIO”, añade.

Agremia considera que estas actuaciones de renovación de instalaciones térmicas en el parque inmobiliario deberían disfrutar de los mismos beneficios fiscales. “Esta medida contribuiría a dinamizar la reforma de este tipo de instalaciones, mejorando la seguridad y la habitabilidad de los edificios, la sostenibilidad y la calidad del aire, con una reducción significativa de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero también permitiría al ciudadano recuperar, por vía de deducción fiscal, una parte de la inversión, en ocasiones cuantiosa, que exigen estas actuaciones”, remarca Emiliano Bernardo.

“Han pasado ya 20 años desde la publicación de esta norma y la evolución de la tecnología, especialmente en el área de energías renovables, ha sido exponencial y es clave para alcanzar los objetivos de descarbonización”, finalizan desde Agremia.