El Ministerio de Hacienda ha anunciado que no piensa gravar finalmente a las empresas energéticas que realicen inversiones en la descarbonización. Esta es ahora la excusa, la descarbonización, cuando el impuesto era por los precios altos de la energía y sus supuestos altos beneficios. Y todo, a pesar de haber pactado con ERC, Bildu y BNG una hora antes que iba a prorrogar el impuesto a estas empresas un año más. De locos.
En concreto, el departamento que lidera María Jesús Montero ha querido aclarar "que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización". El discurso es importante. Todo el sector lleva años descarbonizándose y el impuesto se hizo contra los ingresos de las energéticas. No se tenía en cuenta si se descarbonizaba más o menos una compañía.
Sin embargo, una hora antes ERC, Bildu y BNG habían anunciado el compromiso del Gobierno para prorrogar vía decreto el impuesto energético, a cambio de salvar el tributo mínimo global del 15% a las empresas multinacionales que exige Bruselas y que finalmente ha conseguido superar el trámite en comisión.
El impuesto a la banca, en el aire
El compromiso del Gobierno también incluye una promesa para aprobar el impuesto a la banca en su tramitación del proyecto de ley del impuesto a las multinacionales, que superará este martes su trámite en comisión e irá al pleno el jueves.
Las promesas del Ejecutivo, que ahora se tienen que materializar, se han producido pasadas las doce de la noche ante la posibilidad de que decayera el proyecto de ley del impuesto a las multinacionales, que nace como una Directiva Europea exigida por Bruselas y del que depende un desembolso de 11.000 millones de euros de fondos europeos.
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado el proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas.
La ley ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG y el voto en contra de PP y Vox. El jueves se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja.
Una comisión que empezó el lunes y acabó el martes por la falta de apoyos y que el PSOE ha tenido que detener hasta cuatro horas antes de la votación global del proyecto para negociar con los grupos parlamentarios. Esto ha provocado las protestas tanto de Vox como de PP, que ha tachado de "secuestro" el devenir de la comisión.
Y es que, aunque el PSOE ha logrado aprobar sus propuestas para gravar a los vapeadores, subir el IVA a los apartamentos turísticos, luchar contra el fraude de los hidrocarburos, mejorar la tributación de los artistas o reformar el Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; también han sufrido derrotas importantes.
Derrota del PSOE
La derrota más significativa es que no ha prosperado la transformación del gravamen a la banca en un nuevo impuesto que, conforme a lo pactado con el PNV, iban a gestionar las haciendas forales.
Pero en ese clima de falta de acuerdo al PSOE no le ha quedado otra que prometer a ERC, BNG y EH Bildu intentar tramitar el impuesto a la banca en el pleno del jueves y tratar de prorrogar un año el tributo a las energéticas, pero finalmente mantendrá su acuerdo con Junts y no gravará a las energéticas. Por su parte, no se ha aprobado la subida del diésel y la reforma fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI) que había pactado con Sumar.
Sí habrá subida fiscal para el tabaco y los vapeadores, además del IVA a los arrendamientos de vivienda de corta duración, los conocidos como pisos turísticos (Airbnb).
Además, habrá deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética y para combatir el fraude en el IVA de hidrocarburos. También, gracias a Junts, se rebajará de manera progresiva el Impuesto de Sociedades a empresas cuyo importe neto de la cifra de negocio sea inferior a un millón de euros.
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