El juez del caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz, ha reclamado a la Guardia Civil el expediente del Ministerio para la Transición Ecológica, entonces en manos de Teresa Ribera, por el que se inscribió en el listado de operadores al por mayor de productos petrolíferos a la empresa Villafuel, propiedad de Claudio Rivas, socio en esta trama de Víctor de Aldama.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que estima parcialmente un recurso de las acusaciones populares tras comprobar que en el sumario no consta que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportara en su momento dicho expediente en los anexos al informe que emitió en esta causa.
Por ello, Pedraz acuerda requerir a la UCO el expediente tramitado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como el que conste en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) relativo a la entidad mencionada "sin perjuicio de que la citada unidad policial se quede con una copia a los efectos de poder continuar con la investigación".
El juez cuenta para ello con el visto bueno del fiscal Luis Pastor, que confirmó en su respectivo informe en respuesta a este recurso que dicho expediente fue obtenido en su día y estaría en poder de la UCO, por lo que ve "razonable atender a esta petición del recurrente" y que "pueda ser examinado por las partes personadas".
Villafuel y el fraude en hidrocarburos
En este mismo recurso de reforma, interpuesto ante Pedraz, que ahora enmienda en parte el auto recurrido, las acusaciones pedían también que reconsiderara su decisión de negarse a enviar al Supremo la parte de esta causa que pueda vincular al exministro José Luis Ábalos, que está siendo ya investigado en el alto tribunal por el caso Koldo.
A este respecto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional insiste en que en la causa no existen "mínimos indicios" que permitan vincular a Ábalos con la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de Villafuel.
Como dice el fiscal, añade Pedraz, "es, en última instancia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo la que deberá valorar y apreciar la eventual acumulación de todo lo relativo al expediente de Villafuel, en atención a los indicios de que disponga, y a la vista del resultado de las diligencias acordadas" por el instructor de la causa que se sigue contra Ábalos en el Supremo.
Y es que, prosigue, este Juzgado desconoce el resultado de esas diligencias y si existen indicios de la intervención del exministro en el otorgamiento de la condición de operadora de hidrocarburos a Villafuel, lo que, en principio, señala,"no parece muy plausible, ya que tal condición fue obtenida más de un año después de haber cesado el Sr Ábalos como ministro".
Ábalos está siendo investigado en el Supremo por su supuesta colaboración con la trama del caso Koldo y aparece mencionado tanto en esa causa como en la de Hidrocarburos en relación al chalé de La Alcaidesa (Cádiz) del que los investigadores sospechan que disfrutó como contraprestación por su presunta labor de intermediación.
Ese chalé fue adquirido por la empresa Have Got Time, que administraba Leonor González Pano, la hija de la empresaria Carmen Pano, ambas investigadas en el caso Hidrocarburos. Pano es la mujer que ha afirmado que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE por indicación De Aldama.
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios